KIRCHNER EN SU LABERINTO
[ Marcelo Gioffré | 10/1/2010 ]
Kirchner tomó dos decisiones: arrebatar parte de las reservas del Banco Central y echar al Presidente del banco cuando éste se negó a entregar las reservas. Ambas fueron cuestionadas ante la justicia. A ambas la jueza Sarmiento las volteó. Estamos a la espera de qué dirá la Cámara de Apelaciones y podemos formular algunas conjeturas. Empecemos por la decisión de arrebatar los fondos del Central mediante un Decreto de necesidad y urgencia. Está claro que no había urgencia, pues los vencimientos de deuda para los que se decía que se iba a utilizar el fondo del bicentenario están previstos para agosto, por lo que no sólo no había urgencia sino que cabe inferir que esos fondos querían ser utilizados con otros fines, probablemente electoralistas o demagógicos o directamente inconfesables. Es dudoso si el Poder Ejecutivo puede o no usar fondos excedentes de la base monetaria con fines distintos de pagar deuda externa a organismos internacionales. Y aquí se bifurca la argumentación: por un lado aquí se iba a pagar no al FMI sino a bonistas, lo que parecería tornar inválido el DNU. Por el otro, si bien la decisión incumbe al Congreso, cabe decir que un DNU, si bien formalmente emana del P.E., según la Constitución de 1994 pergeñada por Menem y Alfonsín tiene el mismo rango de una ley, mientras no caiga, razón por la cual no cabe diferenciarlo de una ley y, por ende, puede legislar sobre incumbencias exclusivas del Congreso. En cuanto a la decisión de la jueza Sarmiento respecto de la invalidez del DNU, en la medida en que se limita a establecer que no existía necesidad ni urgencia, y surgía nítido, o como mínimo probable, que era una forma de tomar ese dinero en forma rápida, con fines pocos claros, debería ser confirmada por la Cámara. En cuanto a la segunda sentencia, es decir en lo concerniente a la destitución de Martín Redrado, hay que formular algunas consideraciones para saber básicamente dos cosas. En primer lugar, si cometió o no incumplimiento de los deberes de funcionario público, única causal apta para la destitución. Y en segundo lugar, suponiendo que se respondiera afirmativamente la primera, si el Poder Ejecutivo cumplió adecuadamente con el procedimiento legal para destituirlo. Redrado tenía frente a sí dos normas: ley que rige al Banco Central que le impedía girar los fondos, de un lado, y el DNU de Kirchner, que le ordenaba girar los fondos, del otro. ¿Cuál predomina? Ya dijimos que el hecho de que fuera un decreto no lo pone por debajo de la ley, ya que la Constitución los asimila. Esto podrá estar mal, pero es así. Si no nos gusta, tendríamos que reformar la Constitución. Si admitimos que ambos tienen rango paritario, prevalece el posterior y el más específico por sobre el anterior y el más general. En tal sentido, no habría dudas de que debe prevaler el DNU. ¿Actuó entonces mal Redrado al desoír la orden contenida en el DNU? Sí, si nos atenemos al razonamiento anterior. No, si pensamos que él es un custodio de las reservas y el DNU es a todas luces un manotazo del Poder Ejecutivo a las reservas. Vamos a admitir que Redrado actuó mal. La pregunta entonces es si esa mala actuación entraña un mal desempeño en el sentido legal del término. Entiendo que no, pues él no es abogado, solicitó un dictamen jurídico que le aconsejó no entregar las reservas y mantuvo una posición expectante a la espera de una decisión del Congreso o del Poder Judicial. En este sentido, parecería que Redrado está resguardado. Si por vía de hipótesis se admitiera no sólo que el DNU prevalecía, sino además que Redrado incurrió en mal desempeño como funcionario en el sentido legal del término, queda por ver si el procedimiento de destitución se ajustó a derecho. Es muy claro que no. La ley obligaba al Poder Ejecutivo a solicitar un dictamen de una comisión bicameral presidida por Cobos, dictamen que la Presidenta soslayó. Este incumplimiento basta para tirar abajo y quitar validez el decreto de destitución de Redrado. No obsta a ello que el dictamen fuera o no vinculante, es decir que fuera facultativo aceptar esa opinión, lo dirimente es que previamente debe ser solicitado. No existiendo el dictamen, como en este caso, el decreto es nulo de nulidad absoluta. Considero entonces que ambos fallos de la jueza Sarmiento deberían ser homologados por la alzada. El referido a la restitución de Redrado en el cargo, pues al menos no se pidió la opinión a la comisión, no se cumplió el procedimiento legal y, por ende, es nula la destitución. El atinente a frenar el traspaso de reservas, por no existir la urgencia alegada por el Poder Ejecutivo. Si la Cámara convalida estos fallos, más allá de terminar el tema en la Corte, el kirchnerismo habrá quedado herido de muerte. Hace seis años nadie se le animaba a Kirchner ante los sucesivos desaguisados que perpetraba. Hoy no le perdonan ni el más mínimo. Está claro que Kirchner ha perdido su base de sustentación, que no es otra que la creencia de que seguirá en el poder. Más que incertidumbre sobre si seguirá, existe ya la certeza generalizada de que está en la fase final de su régimen. En ese contexto, nadie apuesta –al menos genuinamente- por un condenado a muerte: ni Redrado, ni Sarmiento, ni Cobos, ni los senadores pampeanos, ni la Corte. Apenas le queda Oyarbide, que es demasiado poco. Más que un pato rengo, Kirchner es hoy un pato con una enfermedad terminal. Creyó que destruyendo a Clarín, con una ley de internas que le permitiera ser el único candidato peronista y con seis mil quinientos millones de dólares en el bolsillo estaba aún vivo. La realidad suele ser indócil con los mínimos maquiavelos subtropicales. La realidad empieza a despertar a Kirchner de sus ensueños dogmáticos. Su hora terminó: no lo espera la gloria; su destino comienza a balancearse entre un retiro tranquilo y un interminable paseo tribunalicio, de consecuencias imprevisibles.